| La medida 31 Andrés Allamand
La información requerida es precisa: nombre de los contratados, fecha y plazo de los contratos celebrados, repartición o programa que los suscribe, descripción de la función contratada y monto mensual o total pactado, según corresponda. Lo primero que resulta sorprendente es que dicha información deba solicitarse y, aún peor, que durante años se les haya requerido a las autoridades sin ningún resultado positivo. Todos los antecedentes solicitados debieran figurar en las páginas web de las aludidas reparticiones. Sin embargo, ello hasta ahora no ha ocurrido y, lo que es más grave, las autoridades siempre han eludido entregar los antecedentes. La información que se le solicita al Gobierno es de gran relevancia en una doble dirección: En primer lugar, para transparentar la situación de las personas contratadas a honorarios, desde la perspectiva laboral y más concretamente desde el prisma del "trabajo decente". En concreto, durante los últimos años ha ido surgiendo a través del expediente de la contratación a honorarios una verdadera "planta paralela" a lo largo y ancho de la administración pública. Tal forma de contratación "informal", cuando encubre una relación laboral propiamente tal, es no sólo abiertamente ilegal, sino que además desjerarquiza el servicio público, debilita la carrera funcionaria, deteriora la responsabilidad administrativa y perpetúa el daño previsional. ¿Qué puede justificar que una persona trabaje en un ministerio durante años a honorarios, recibiendo una remuneración mensual pero sin cotizaciones previsionales, de salud, sin vacaciones ni otros beneficios? De más está decir que cualquiera de esas prácticas en el ámbito privado habría sido severamente sancionada por las autoridades, lo que es perfectamente justificado. ¿Por qué ello no ocurre en el sector público? No hay explicación alguna para tal doble estándar. La situación descrita sólo confirma lo que es evidente: El Estado es el peor empleador de Chile. En segundo lugar, para contribuir a desmontar la red de "operadores políticos" enquistados en la administración pública que se han especializado en lo que técnicamente se denomina " captura del Estado". El modus operandi de estos sujetos se apoya, en parte importante, en este tipo de contratación. Los "operadores políticos" pululan en el opaco mundo de las asesorías no justificadas y en el encargo de tareas que se les arrebatan a los funcionarios de carrera de los servicios respectivos. Nadie al interior de la administración pública sabe exactamente cuáles son las responsabilidades que les han sido asignadas a personas que, en muchos casos, sólo aparecen a la hora de emitir sus boletas. Pero nadie ignora que responden a partidos políticos, a parlamentarios o a caciques políticos regionales.Y todos saben que están ahí para hacer el trabajo sucio. Obviamente no se trata de estigmatizar la contratación a honorarios. En muchos casos ella se justifica plenamente y sería ridículo privar a la administración pública de tal mecanismo. De lo que se trata es de transparentar una situación para impedir que bajo su fachada se escondan prácticas laborales inaceptables o se favorezca la corrupción. La solicitud del Senado viene a complementar la batería de 30 propuestas que la Presidenta ha formulado. A diferencia de ellas, no requiere ningún ajuste legislativo. Sin embargo, tendrá un enorme impacto y la respuesta será una señal clara acerca de la existencia en el Gobierno de una efectiva voluntad política para frenar la corrupción. |
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